JUSTICIA AL MEJOR POSTOR.

Publicado el 9 octubre, 2015
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Justicia al mejor postor.*Las políticas seguidas por los gobiernos del PAN no solo fueron las mismas sino peores a las del partido que habían sacado de Los Pinos, de manera que ni hubo transición ni gobiernos al servicio de los intereses de la Nación.

Opinión: Por. Julisa Mejía Guardado.

Este ha sido un sexenio de retrocesos graves para la vida política, social y económica del país, donde las instituciones están al servicio del mejor postor y donde los Poderes de la Unión se reparten entre los principales actores, prácticamente desapareciendo la poca autonomía que tenían unos de otros, por no decir la subordinación de dos de ellos a uno solo. Vivimos tiempos similares a los del siglo XIX, que demandan la restauración de la República, para que el Estado de Derecho permee en todos los rincones del país y en las instituciones del Estado, y en lo inmediato veamos el fin de la impunidad y el combate a la corrupción verdadera.

La transición a la democracia que tanto anhelábamos los mexicanos y que muchos pensaron que iniciaría con la derrota del PRI en el año 2000, nunca se materializó, las políticas seguidas por los gobiernos del PAN no solo fueron las mismas sino peores a las del partido que habían sacado de Los Pinos, de manera que ni hubo transición ni gobiernos al servicio de los intereses de la Nación, sino de las grandes empresas trasnacionales, después de que uno de sus gerentes de la conocida “agua del imperialismo” llegó al poder y con su consorte comenzó la destrucción de las instituciones.

Entonces se vendió la idea del conocido “Layin” de que hay gobierno que “roban poquito y hacen algo” porque los del PAN no hicieron nada y robaron todo y por eso, después de haber gobernado por ese partido, regresó a la alcaldía impulsado por su carisma en el puerto nayarita. Lo mismo pasó en Nuevo León, donde ahora con, ex funcionarios salinistas al frente, promete el Bronco que terminará con la “fiesta de los bandidos” que engulleron a esa entidad productiva del norte.

Todo este tipo de expresiones, de frases lapidarias y contundentes que los políticos con partido o sin partido lanzan, son producto de la mercadotecnia necesaria para tratar de convencer a los desilusionados electores de que todavía es posible rescatar al país de la debacle económica y social a la que nos han llevado la clase política que no acepta sus errores y que miente a la población de sus acciones, aun cuando no tienen credibilidad en la población en lo que va de este sexenio.

Para diversos especialistas, el problema de México se sintetiza en una palabra: impunidad. Porque existe la certeza de que se puede violar la ley y no ser castigado y ejemplo de ello hay muchos.

Como las refresqueras que cabildean en el Congreso para retrasar la aprobación de leyes contra más impuestos para sus productos, cuando las gaseosas son responsables de problemas de salud sobre todo en menores de edad, y que el Estado se ve urgido de más recursos para atender el crecimiento de diversas enfermedades y padecimientos. El conflicto de interés está en todos lados.

En el colectivo social y en particular en los núcleos de poder económico se tiene la certeza de que pueden cometer cualquier clase de delito penado por la ley y no solo ser absuelto, sino ni siquiera ser indiciado por ellos porque no hay procuración de justicia, mucho menos administración de la justicia que castigue a los responsables de violar las normas. Ahí está el caso de la Casa Blanca, de otras más y otros obsequios de empresas para conseguir contratos del gobierno.

Y es tal la percepción ciudadana de la impunidad que existe en el país, que en las grandes ciudades ni el rojo del semáforo se respeta porque existe la convicción de que no van a ser infraccionados. Se puede tomar el carril confinado de mexibús en el Estado de México y no pasa nada, no hay autoridad que haga valer el reglamento de tránsito ni ciudadano que quiera cumplirlo, siguiendo el ejemplo de los gobernantes que una vez sí y otra también violan la ley, que protestaron cumplir y hacer cumplir.

Pero las cosas se agravan en México cuando los partidos que se han alternado en Los Pinos, después de la imposición un ministro de justicia sin trayectoria de servicio ni méritos que lo postularan, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el acuerdo de PRI y PAN en El Senado.

Estos mismos partidos, pretender por acuerdo, ocupar las dos vacantes de ministros postulando a leales militantes de sus filas, sin mérito alguno ni trayectoria, partidizando así al Poder Judicial. En ese caso, si los más de 100 millones de mexicanos somos los que sufrimos las consecuencias de sus fallos, habría que reglamentar su elección de manera que podamos elegirlos directamente, considerando sus méritos, trayectoria profesional y curricular, para tener la certidumbre de que administrarán la justicia a favor de todos y no de los partidos que los proponen o círculo político que lo ungió para llegar al cargo.

Por eso es que pensamos que los tiempos de Juárez y la Reforma del siglo XIX están de nuevo presente porque todo lo que ocurre en el país, demanda, requiere, la restauración de la República, de sus instituciones y su Estado de Derecho para que terminemos con la impunidad que impera en todos los ámbitos y rincones del país.

Si la ley se aplica con esa contundencia con que se declara a los medios de comunicación, no habrá corrupción de ningún color que no sea castigada y sus responsables llevados a prisión, “caiga quien caiga” como reza la frase hecha por los gobernantes y que queda solo en eso, en un dicho.

Si no hay impunidad, la corrupción podrá combatirse, la violencia y la inseguridad se reducirán en la medida en que se impulsen programas de cultura de la legalidad en la población, con el ejemplo que las autoridades de los tres niveles de gobierno y los tres Poderes de la Unión le den a la población.

De otra manera las 30 mil firmas ciudadanas que demandan al presidente no incluir amigos ni militantes de partidos como ministros de la Corte, serán miles más pidiendo la revocación del mandato de todos los gobernantes que no cumplen con sus responsabilidades de Estado. Al tiempo.

*Dirigente social

 

 

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